La fundamentación de la inclusión digital como derecho responde a la imperante necesidad de garantizar que todas las personas puedan acceder, utilizar y beneficiarse de las tecnologías de la información y la comunicación de manera equitativa y segura. Al vincular la inclusión digital como un derecho de corte esencial en esta era digital, donde el acceso a las variadas formas y modelos tecnológicos y a internet se han convertido sin lugar a dudas en un componente fundamental para la participación plena de todos los individuos en la sociedad. Sin embargo, existe una diversidad de problemas y desafíos que deben ser abordados para la efectiva implementación de este derecho, con el que se pretende ir cerrando las brechas digitales que aún se asientan en aspectos: desigualdad en el acceso, tarifas y costos elevados en los servicios públicos digitales o de telecomunicaciones (internet, telefonía, televisión, etc.), la escaza alfabetización digital, los altos y variados riesgos sobre el manejo de la información y los datos personales en línea, por último el poco o ausente o no muy claro y especifico marco regulatorio que reconozca y proteja el derecho a la inclusión digital.