Estado Regulador, Servicios Públicos y Derechos Fundamentales: Fundamentos de la Regulación Garantista para la Calidad de Vida y el Desarrollo Sostenible.
Patricia Margarita Rivera Castañeda
Pedro Arturo Barboza Zelada
Eliseo Paredes Díaz
Carmen Cecilia Orihuela Romero
Reina Marlene Pérez Vargas
Roibert Pepito Mendoza Reyna
Oscar Ricardo Alegre Valdez
Ivan Ramos Mendoza
Publicado: 2026-08-27
Formato: Digital PDF (Portable Document Format)
ISBN: En gestión
Páginas: 646 p.
Tamaño: A4 21×29.7 cm
La presente obra desarrolla una propuesta teórica y analítica destinada a explicar el papel estructural que desempeñan los organismos reguladores y los servicios públicos en la garantía efectiva de los derechos fundamentales dentro del Estado constitucional contemporáneo. El argumento central del libro sostiene que la realización material de los derechos no depende únicamente de su reconocimiento normativo en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino también de la capacidad institucional del Estado para traducir dichos mandatos en resultados verificables de acceso, continuidad, calidad, asequibilidad y equidad en los servicios públicos esenciales. En este marco, el libro plantea que los sistemas regulatorios constituyen una infraestructura institucional decisiva para convertir los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad y justicia social en condiciones reales de bienestar y calidad de vida para la población.
Desde esta perspectiva, la obra se sitúa en la intersección entre derecho constitucional, derecho administrativo, gobernanza regulatoria y desarrollo sostenible, integrando un enfoque interdisciplinario que permite analizar la regulación de servicios esenciales como: El agua, la energía, la conectividad, el transporte e infraestructura, no solo como un instrumento técnico de intervención económica, sino como un componente estructural del Estado garante de derechos. El libro sostiene que la legitimidad del Estado constitucional contemporáneo depende, en gran medida, de su capacidad para organizar institucionalmente estos sectores estratégicos bajo principios de transparencia, independencia regulatoria, rendición de cuentas, participación ciudadana y tutela efectiva del usuario. En consecuencia, la regulación deja de ser entendida como una función secundaria del aparato administrativo para convertirse en un mecanismo central mediante el cual el Estado cumple su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales en la vida cotidiana de la ciudadanía.