Esta investigación analiza integralmente el sistema judicial ecuatoriano en casos de violencia de género y delitos sexuales durante 2020-2025, examinando desde la evolución histórica hasta los procesos de reparación integral. El estudio revela que Ecuador enfrenta una crisis estructural donde el 65% de mujeres ha experimentado violencia de género, registrándose 274 femicidios en 2024 y más de 52,000 delitos sexuales contra menores entre 2018-2023, con una alarmante tasa de impunidad del 95.85%.

La investigación documenta una transformación paradigmática significativa desde 1970, evidenciando el tránsito conceptual de problema privado a violación sistemática de derechos humanos. Ecuador ha desarrollado un marco normativo progresivo con la Constitución de 2008, el COIP de 2014 y la Ley Orgánica Integral contra la Violencia hacia las Mujeres de 2018, incorporando perspectiva de género en todas las etapas procesales.

El análisis del proceso judicial revela avances en investigación pre-procesal, criminalística especializada, juzgamiento con enfoque de género y reparación integral. Sin embargo, persiste una brecha crítica entre marcos normativos avanzados e implementación práctica deficitaria. La pandemia COVID-19 incrementó la violencia doméstica en 68%, mientras la crisis de seguridad nacional complejizó las dinámicas tradicionales, evidenciando la feminización creciente del crimen organizado. Se concluye que se requieren enfoques integrales y adaptativos que trasciendan respuestas punitivas tradicionales, fortaleciendo capacidades institucionales y garantizando acceso efectivo a la justicia.